Antonio Jimeno
Presidente del sindicato de profesores AMES
(Acción para la Mejora de la Enseñanza Secundaria)

Es evidente que el sistema educativo de un país no puede estar sometido a un vaivén continuo de cambios cada vez que hay unas elecciones. Esto es muy negativo para la formación de los estudiantes, para la labor de los docentes y, en general, para toda la sociedad. A un sistema educativo lo que le conviene es la evolución no las revoluciones. Es decir, le conviene introducir pequeños cambios y tener tiempo suficiente para valorar si sus efectos son favorables o no. Es decir, lo contrario de hacer tabla rasa con todo lo anterior, ya que si lo nuevo no funciona cuesta mucho echar marcha a atrás.

Todos en la comunidad educativa sabemos lo que ha pasado y lo entendemos, pero también vemos muy claro que esta situación de inestabilidad que hoy vive nuestro sistema educativo no se debería volver a repetir. Conviene recordar cuales fueron sus orígenes. Durante los años 80, teniendo el PSOE mayoría absoluta, se diseñó y experimentó una reforma educativa basada en la comprensividad que cristalizó en 1990 en la LOGSE, que fue aprobada con los votos del PSOE y de las demás fuerzas políticas menos el PP, que entonces era el mayor partido de la oposición. Posteriormente, a partir de 1999, teniendo el PP mayoría absoluta, se diseñó una reforma de la LOGSE basada en los itinerario y en una mayor exigencia académica, que dio lugar, en diciembre del 2002, a la Ley de Calidad de la Educación (LOCE), que fue aprobada con los votos a favor del PP y de CC y con los votos en contra del PSOE y del resto de las fuerzas políticas. El 14 de marzo ganó las elecciones el PSOE y una de sus primeras medidas ha sido dejar en suspenso la aplicación de la LOCE y anunciar la elaboración de una reforma educativa. En el futuro esta situación de cambios continuos se podría repetir si en las próximas elecciones gana el PP y este partido -igualmente- prioriza aplicar su modelo, la LOCE.

Es evidente que nuestros políticos deberían ser capaces de llegar a “un gran pacto de Estado en la educación”. No hacerlo sería no estar a la altura de las circunstancias. La sociedad necesita saber que, gane el partido que gane, se hagan las coaliciones que se hagan, los colegios y los institutos funcionaran más o menos de forma parecida a como lo hacían antes de las elecciones. Se puede plantear que esto es muy difícil de hacer ya que, en algunos puntos, las opiniones son radicalmente opuestas, pero si se analizan las discrepancias, se observa que la mayoría de ellas se originan porque todos los partidos políticos han pretendido detallar en exceso la organización interna y el funcionamiento de los centros, cuando lo que deberían haber hecho es dejarles más libertad de organización y de funcionamiento, y controlar más los resultados. No me refiero exclusivamente a los resultados académicos, sino también a los resultados de integración social del alumnado y de preparación para el acceso al mundo laboral.

Para llegar a un sistema educativo estable lo primero que debería hacerse es consensuar entre todos los partidos los conocimientos y los procedimientos básicos que el alumno ha de haber adquirido al final de cata etapa (Primaria, ESO, Bachillerato y FP). Esto es una tarea claramente factible. Incluso en una materia que ha levantado tanta polémica como la historia de las religiones y su influencia en la sociedad, es posible acordar qué aspectos básicos conviene que conozcan todos los alumnos. Definir estos objetivos básicos en todas las materias es imprescindible para que tanto los profesores como los alumnos sepamos lo que hemos de hacer, es decir para que sepamos si hemos de esforzarnos más o si ya lo estamos haciendo bien. Estos conocimientos deberían ser los mismos para todos los alumnos que finalizan la Primaria y podrían también ser los mismos para todos los alumnos que acaban la ESO, sin que ello ponga en peligro los niveles propios de la FP y del Bachillerato, si se adoptan las medidas que se comentan más adelante.

Conviene recordar a nuestros políticos que los verdaderos expertos son los docentes que cada día entramos en las aulas a dar clases, es decir los maestros de Primaria en la Primaria y los profesores de Secundaria en la Secundaria. Intentar resolver los problemas del curriculum académico y de la enseñanza en estas etapas, hablando solamente con profesores universitarios, que generalmente nunca han dado clases en ellas, o con representantes sindicales, que generalmente llevan ya muchos años sin dar clases y que sólo son expertos en temas laborales, sería un grave error. Los partidos deben ponerse en contacto también con las asociaciones de profesores de las diferentes especialidades y han de hablar directamente con el profesorado.

Nuestro futuro sistema educativo no solo debería permitir sino fomentar que cada Comunidad Autónoma – y cada centro educativo en el ámbito de sus competencias -, decida la forma de organizarse que considere más adecuada. Por ejemplo, un centro debería tener libertad para no establecer grupos diferenciados en la ESO en un determinado año y, en cambio, poderlos establecer al año siguiente si la diversidad del nuevo alumnado así lo requiere; de poder dedicar más horas a una materia que a otra si se observa que los alumnos de aquel curso no van a llegar a los mínimos establecidos para la primera mientras que van muy bien de la segunda; etc. Lo importante es el alumno no la estructura. Es decir, lo importante es que cada alumno realmente adquiera la máxima preparación que en ese momento pueda adquirir y no que simplemente se cumplan las horas de escolarización establecidas.

Es evidente que este aumento de la capacidad de gestión ha de estar acompañada de medidas de control por parte de la Administración. La principal medida es la valoración de sí un alumno que ha aprobado la ESO en un centro, realmente ha adquirido la preparación necesaria para acceder a la FP o al Bachillerato. Esta valoración no puede ser confiada al propio centro, ya que podrían darse casos de fraude a las familias por simples motivos de estabilidad laboral del profesorado. La valoración de cada alumno ha de ser externa al centro y ha de ser realizada por la Consejería de Educación correspondiente, que debería actuar en coordinación con las demás Consejerías y en cooperación con el Ministerio. Las familias tienen derecho a que la Administración les garantice la normalidad del proceso educativo que están siguiendo sus hijos, de igual manera que la Administración les garantiza la calidad de los alimentos, la adecuación de los fármacos o la seguridad de los vehículos. En los demás países europeos ya existen estas pruebas externas al final de la enseñanza obligatoria, mientras que en nuestro país sólo existe la prueba de acceso a la Universidad (PAU), que lógicamente sólo afecta a los alumnos que quieren acceder a la Universidad.

Para evitar un innecesario aumento del fracaso escolar al final de la ESO, es decir un aumento del número de alumnos que no acaban la ESO en el tiempo previsto, lo mejor sería que estas pruebas externas no fueran una especie de revalida, sino una “prueba de acceso a la FP y al Bachillerato”, como lo son las actuales PAU (selectividad) para acceder a la Universidad. Es decir, unas pruebas que para presentarse fuera necesario haber acabado previamente la ESO y cuya superación fuera imprescindible para poder iniciar luego la FP o el Bachillerato, ya sea en el propio centro o en otro diferente.

El establecimiento de un sistema así, basado en los resultados, solucionaría muchos problemas. Por un lado disminuiría sensiblemente el fracaso escolar al final de la ESO ya que se podrían establecer unas competencias básicas más asequibles para todos, sin poner en peligro los niveles de exigencia de la FP y el Bachillerato, ya que la exigencia aparecería en las pruebas de acceso. Por otro lado, este planteamiento permitiría tener un sistema educativo plural, que es lo más adecuado para nuestro país, constituido por Comunidades Autónomas muy diferentes entre sí, y ello fomentaría la diversidad de innovaciones educativas y permitiría valorar que estrategias son realmente las más adecuadas.

En este momento nuestro país se encuentra en la mejor de las situaciones políticas para poder llegar a “un pacto de Estado en la educación”, suscrito por todos los partidos sin excepción. Perder esta oportunidad sería un grave error. Una nueva ley hecha por unas fuerzas políticas sin contar con la oposición, como pasó con la LOGSE y con la LOCE, nos situaría otra vez en el origen del problema.

Felicitaciones para D. Antonio Jimeno. 

Excelente artículo para luchar contra el fracaso escolar.

Recomiendo también que veáis sus vídeos en YouTube.

Fecha:  07 de diciembre del 2012

Autor: Antonio Caro

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